Cada 12 de junio, desde el año 2002, se conmemora en todas las latitudes el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Fue la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas, quien instituyó la fecha para visibilizar la grave situación de los niños, niñas y adolescentes, y concentrar la atención en las medidas para erradicar su explotación laboral.
Si bien desde entonces se han ejecutado múltiples acciones que atenuaron de distintas formas este gran problema, actualmente la crisis mundial presente, producto en parte de la pandemia, ha sumido a más familias en la pobreza y ha obligado a millones de niños más a recurrir al trabajo infantil. Esta decisión los priva de educación y oportunidades y aumenta las probabilidades de que no consigan salarios decentes y empleo estable cuando sean adultos.
En el mundo, uno de cada diez niños y niñas está en situación de explotación laboral. La experiencia conjunta en la lucha contra el trabajo infantil a lo largo de las tres últimas décadas ha demostrado que puede eliminarse si se abordan sus causas profundas. La pobreza de los hogares es el principal motivo subyacente del trabajo infantil (ya sea que resulte de los bajos ingresos de la familia, la ausencia de los adultos de la familia por diversas causas, la enfermedad o muerte de quienes están a cargo del hogar) junto a una débil implementación de políticas de protección integral hacia los niños, niñas y adolescentes.
Otras razones por las que se produce están relacionadas con las culturas, en algunas de las cuales se naturaliza que, como las madres y los padres han tenido que trabajar de pequeños, los hijos también deban hacerlo. También la demanda indebida de mano de obra infantil por parte de empleadores, que consideran más conveniente emplear niños y niñas, porque resulta más barato y ocasiona menos problemas que la mano
de obra adulta.
Las medidas para abordarlas incluyen el establecimiento y la aplicación de un marco jurídico sólido basado en las Normas Internacionales del Trabajo, el acceso universal a una educación de buena calidad y a la protección social, así como prácticas directas para aliviar la pobreza, la desigualdad y la inseguridad económica, y promover el trabajo decente para los trabajadores adultos.
En Argentina la Ley N.° 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, promulgada en el año 2008, prohíbe el trabajo para niños y niñas, por debajo de los 16 años y penaliza, con hasta cuatro años de cárcel, a los empleadores que se aprovechan, económicamente, del trabajo de menores.